Durante más de medio siglo, el discurso de la “guerra contra las drogas” ha servido como un mecanismo legitimador de violaciones a los derechos humanos alrededor del mundo. Amparado en el sistema
internacional de prohibición de sustancias psicoactivas, este paradigma se ha perpetuado gracias a la construcción y reproducción sistemática de estereotipos negativos sobre quienes mantienen cualquier tipo de relación con estas plantas. Históricamente, se ha adjudicado a estos actores la responsabilidad exclusiva sobre los efectos más graves de la política prohibicionista: desde los impactos en la salud pública y el crimen organizado, hasta la corrupción y la inestabilidad política y económica de
las naciones.

Como consecuencia, se han arraigado en la sociedad narrativas discriminatorias que avalan acciones para eliminar un supuesto “peligro inminente”, incluso cuando ello implica vulnerar la vida y la dignidad de las personas. Esta estigmatización afecta de manera desproporcionada a poblaciones en situación de vulnerabilidad —comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes—, donde factores interseccionales como el género, la orientación sexual, la edad, la clase y el territorio agudizan las condiciones de exclusión.

En este proceso, los medios de comunicación y los discursos públicos de tomadores de decisiones han
sido cruciales para consolidar estos imaginarios, utilizando un lenguaje que asocia directamente a los productores de plantas con potencial psicoactivo con conductas delictivas y amenazas sociales, amplificando así el miedo y favoreciendo la adopción de medidas punitivas por parte del Estado.