EXTRADITAR LA VERDAD:
MÉXICO Y COLOMBIA
Colombia | México | Política de drogas | Verdad, Justicia y Reparación
Desde hace varias décadas, la extradición en América Latina ha jugado un papel primordial en la estrategia de "lucha contra las drogas". Sin embargo, esta ha tenido un carácter principalmente unilateral, donde los gobiernos latinoamericanos han extraditado a Estados Unidos a cientos de personas relacionadas con actividades relacionadas con el mercado ilícito de drogas. En ese sentido, la memoria y la verdad de las consecuencias del enfoque bélico de la prohibición, se teje y almacena y erosiona en las fiscalías y cortes estadounidenses.
Desde Elementa buscamos dar seguimiento a la trayectoria de las extradiciones y detenciones por delitos de drogas en México, Colombia y otros países en la región con el fin de proponer nuevas narrativas y rutas en favor de la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos cometidas en el marco del sistema de prohibición.
¿Por qué los gringos juzgan a los mayores responsables por violaciones a los derechos humanos de nuestro país únicamente por delitos relacionados con narcotráfico? Nos preguntamos por los obstáculos que presenta la extradición para hacer efectiva la contribución de los actores armados a la dignificación de las víctimas a través de los mecanismos de verdad, reparación y memoria en Colombia.
En Colombia, los mecanismos de acceso a la verdad han estado enmarcados en coyunturas de picos de violencia a negociaciones de paz, viéndose influenciados siempre por la coyuntura política del momento. Muestra de ello son las cuatro Comisiones de la Verdad que han existido para entender el conflicto armado interno a nivel nacional:
Salvatore Mancuso
- Fue un narcotraficante y ex jefe paramilitar, comandante de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Se acogió bajo el proceso transicional de Justicia y Paz, desde donde hubo alertas por el incumplimiento en la entrega de bienes y la reparación de las víctimas. Por su rol en el desarrollo del conflicto armado en Colombia, su testimonio puede contribuir al esclarecimiento de graves violaciones a los DDHH.
- Fue extraditado a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008 y condenado a 15 años y 10 meses de prisión por el delito de Tráfico de drogas. Actualmente la condena fue cumplida y Mancuso se encuentra a la espera de ser enviado a Italia o Colombia.
- Está acusado de cometer 75.000 crímenes en el territorio colombiano. Fue condenado a 40 años de cárcel por la masacre de el Aro de 1997. Se le atribuye la autoría como comandante de las masacres de Mapiripán en 1997, la masacre de La Gabarra en 1999 y la masacre de El Salado en el 2000.
- El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y la Comisión Colombiana de Juristas interpusieron tutelas para detener la extradición e incluso asistieron a las cárceles de Estados Unidos para acceder a la verdad de la boca de los paramilitares. También solicitaron medidas cautelares ante la Corte IDH frente a su posible deportación a Italia y para que fuera enviado a Colombia a responder por sus actuaciones frente a las violaciones a los DDHH.
Otoniel
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Otoniel fue el máximo líder de la organización del Clan del Golfo, una organización que lleva desde 2008 aumentando su participación en el monopolio del tráfico ilegal de drogas. Fue parte de la generación de excombatientes del EPL que, ante la amenaza por parte de las FARC y las atractivas ofertas económicas, terminaron integrándose a las filas de las ACCU.
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Por su nivel de influencia actual (incluso después de capturado) su aporte a la verdad es trascendental para develar una serie de victimizaciones recientes que, por la influencia que mantienen las AGC en sus zonas de arraigo, no es posible denunciar o visibilizar.
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Fue extraditado el 4 de mayo de 2022 de manera automática horas después de que el Consejo de Estado diera el visto bueno. En enero de 2023 aceptó cargos y se podría enfrentar a una pena de más de 20 años.
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En Colombia, Otoniel cuenta con más de 120 procesos y tiene activa una condena de 40 años por la masacre de Mapiripán en 1997, es acusado por homicidios, terrorismo, tortura, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y delitos sexuales.
- Víctimas reconocidas por la Jurisdicción Especial para la Paz interpusieron una acción de tutela para frenar la extradición hasta que respondiera por sus delitos en Colombia. En primera medida fueron interpuestas medidas cautelares frente a su extradición pero en segunda instancia el Consejo de Estado desestimó las peticiones de las víctimas y levantó las medidas.
Los procesos de extradición internacional con los EEUU han servido como una estrategia y acuerdos políticos en los cuales, a través de ellos, se han generado obstáculos para el acceso a la verdad en casos relacionados con graves violaciones a DDHH.
- Los juicios llevados a cabo en Estados Unidos contra integrantes del crimen organizado y servidores públicos implicados en redes de macrocriminalidad, han servido para perpetuar los pactos de impunidad a través de acuerdos y procesos de cooperación con el departamento de justicia de los EEUU.
- Así, las personas acusadas buscan diversos beneficios en sus condenas, como volverse testigos protegidos y cooperantes, obtener reducción de condenas, libertad condicional, etc. La información obtenida en el marco de las negociaciones, puede servir para la construcción de verdad y justicia en procesos llevados a cabo en México.
En México existe una deuda en el esclarecimiento de los crímenes del pasado, pues ante esta impunidad, la repetición de los mismos ha sido una constante. Desde la mal llamada “Guerra sucia”, hasta la mal llamada “Guerra contra el narcotráfico”. La búsqueda de justicia por parte de las víctimas, ha sido una de las conquistas que poco a poco se han desarrollado a lo largo del tiempo. Estas fueron algunas comisiones de la verdad que se han creado recientemente en el país.
Masacre de Allende
18 al 20 de marzo de 2011 (Allende, Coahuila)
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En marzo del 2011, “Los Zetas”, un cártel del narcotráfico, desaparecieron y asesinaron alrededor de 300 personas en el municipio de Allende, Coahuila. Las cifras son aún desconocidas e imprecisas, parte de ello a la falta de debida diligencia de las autoridades encargadas de las investigaciones.
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A pesar de las múltiples denuncias de víctimas y familiares, de la sociedad, y los “esfuerzos” que ha emprendido el estado a través de diversas autoridades, la justicia no se ha garantizado, y mucho menos se ha esclarecido lo que realmente sucedió. No se sabe el número exacto de desaparecidos y asesinados, no se ha esclarecido la cadena de complicidades ni la participación de agentes del estado, por lo que el Derecho a la Verdad sigue sin ser una realidad y se ha rezagado en el olvido y la impunidad. La complicidad y sometimiento de las fuerzas del estado, permitieron que este hecho pudiera llevarse a cabo con total impunidad y libre acción.
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A los hermanos Treviño Morales, quienes fueron líderes del cártel y autores intelectuales de la masacre, se les atribuyen un gran número de crímenes como asesinatos, tortura, desaparición, entre otras graves violaciones a derechos humanos.
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Las autoridades de los Estados Unidos han solicitado su extradición, pero únicamente por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero. La deuda con la justicia por sus crímenes contra derechos humanos, sigue pendiente, a pesar de las investigaciones llevadas a cabo. Otros miembros del cártel de los Zetas han enfrentado la extradición, sin embargo, de igual forma, sus responsabilidades por violaciones a derechos humanos permanecen en la impunidad en México.
Edgar Veytia
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Edgar Veytia fue fiscal del estado de Nayarit de febrero del 2013 a marzo del 2017. En su gestión, imperó a través de la violencia y la captura de las instituciones del estado, para así operar con total libertad e impunidad. Controlaba las policías, la fiscalía, el sistema de gobernanza y controlaba al crimen organizado. Entre las acciones que llevó a cabo se encuentran, despojo, asesinatos, tortura, desapariciones, corrupción, tráfico de droga, entre otros delitos.
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En marzo del 2017, Veytia fue detenido por funcionarios del FBI en la frontera de Tijuana y San Diego por acusaciones por narcotráfico. El exfiscal enfrentaba una pena de cadena perpetua, pero gracias a su colaboración con el departamento de justicia estadounidense fue sentenciado a 20 años de prisión por un juzgado en Nueva York. Parte de su colaboración se puede ver en las acusaciones que hizo contra el general Cienfuegos y contra el ex presidente Calderón de haber estado involucrados con cárteles del narcotráfico.
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Más allá de verlo como una oportunidad para el acceso a la justicia, es más un obstáculo para la misma, pues la cooperación fue únicamente por cuestiones de interés para el gobierno de los Estados unidos, más no por información que se relacionaba con los crímenes cometidos en territorio mexicano y que pudiera ayudar al esclarecimiento de diversas violaciones graves, como el destino de los miles de desaparecidos que tiene el estado de Nayarit o la complicidad de otros servidores o integrantes del crimen organizado.
Javier Valdez
- Cumplir con los derechos de las víctimas y exhortar al Estado colombiano a reevaluar las prioridades judiciales frente a los responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos, cuyos hechos están por encima de cualquier delito relacionado con drogas.
- Creemos necesario que se haga una revisión de los acuerdos de extradición para que se condicionen próximas extradiciones a una previa participación en procesos de Verdad, Justicia, Reparación, Memoria y No Repetición.
- Evaluar la posibilidad de eliminar la figura de extradición por delitos de drogas cuanto estos sean subsidiarios de las graves violaciones a los derechos humanos.
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Exhortamos al estado y sus autoridades a garantizar los derechos humanos de la sociedad y de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, para así construir procesos de justicia como de procesos de memoria y verdad centrados en las víctimas para esclarecer las múltiples arbitrariedades cometidas por el estado y el crimen organizado.
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El uso político de los procesos de extradición han generado obstáculos para el acceso a la verdad y procesos de justicia en casos de graves violaciones a derechos humanos, ya que a través de ellos es que se está apostando al olvido, la impunidad y a la falta de justicia y garantías para las víctimas.
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