En marzo del 2011,  “Los Zetas”, un cártel del narcotráfico, desaparecieron y asesinaron alrededor de 300 personas en el municipio de Allende, Coahuila. Las cifras son aún desconocidas e imprecisas, parte de ello a la falta de debida diligencia de las autoridades encargadas de las investigaciones.

A pesar de las múltiples denuncias de víctimas y familiares, de la sociedad, y los “esfuerzos” que ha emprendido el estado a través de diversas autoridades, la justicia no se ha garantizado, y mucho menos se ha esclarecido lo que realmente sucedió. No se sabe el número exacto de desaparecidos y asesinados, no se ha esclarecido la cadena de complicidades ni la participación de agentes del estado, por lo que el Derecho a la Verdad sigue sin ser una realidad y se ha rezagado en el olvido y la impunidad. La complicidad y sometimiento de las fuerzas del estado, permitieron que este hecho pudiera llevarse a cabo con total impunidad y libre acción.

A los hermanos Treviño Morales, quienes fueron líderes del cártel y autores intelectuales de la masacre, se les atribuyen un gran número de crímenes como asesinatos, tortura, desaparición, entre otras graves violaciones a derechos humanos.

Las autoridades de los Estados Unidos han solicitado su extradición, pero únicamente por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero. La deuda con la justicia por sus crímenes contra derechos humanos, sigue pendiente, a pesar de las investigaciones llevadas a cabo. Otros miembros del cártel de los Zetas han enfrentado la extradición, sin embargo, de igual forma, sus responsabilidades por violaciones a derechos humanos permanecen en la impunidad en México.