EXTRADITAR LA VERDAD: COLOMBIA
Colombia | Política de drogas | Verdad, Justicia y Reparación
¿Por qué los gringos juzgan a los mayores responsables por violaciones a los derechos humanos de nuestro país únicamente por delitos relacionados con narcotráfico? Nos preguntamos por los obstáculos que presenta la extradición para hacer efectiva la contribución de los actores armados a la dignificación de las víctimas a través de los mecanismos de verdad, reparación y memoria en Colombia.
Extraditar la verdad: transformaciones en el debate público, jurídico y político en Colombia
Colombia | Extradición | Política de drogas | Verdad, justicia y reparaciónAl menos desde la década de los setentas, el funcionamiento de los distintos eslabones del mercado ilícito de drogas se ha asegurado a través del control territorial, lo cual ha implicado una disputa violenta por el monopolio legítimo del uso de la fuerza del Estado. Esto ha significado asesinatos selectivos y colectivos, desplazamientos, masacres, amenazas (...)
En Colombia, los mecanismos de acceso a la verdad han estado enmarcados en coyunturas de picos de violencia a negociaciones de paz, viéndose influenciados siempre por la coyuntura política del momento. Muestra de ello son las cuatro Comisiones de la Verdad que han existido para entender el conflicto armado interno a nivel nacional:
Salvatore Mancuso
- Fue un narcotraficante y ex jefe paramilitar, comandante de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Se acogió bajo el proceso transicional de Justicia y Paz, desde donde hubo alertas por el incumplimiento en la entrega de bienes y la reparación de las víctimas. Por su rol en el desarrollo del conflicto armado en Colombia, su testimonio puede contribuir al esclarecimiento de graves violaciones a los DDHH.
- Fue extraditado a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008 y condenado a 15 años y 10 meses de prisión por el delito de Tráfico de drogas. Actualmente la condena fue cumplida y Mancuso se encuentra a la espera de ser enviado a Italia o Colombia.
- Está acusado de cometer 75.000 crímenes en el territorio colombiano. Fue condenado a 40 años de cárcel por la masacre de el Aro de 1997. Se le atribuye la autoría como comandante de las masacres de Mapiripán en 1997, la masacre de La Gabarra en 1999 y la masacre de El Salado en el 2000.
- El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y la Comisión Colombiana de Juristas interpusieron tutelas para detener la extradición e incluso asistieron a las cárceles de Estados Unidos para acceder a la verdad de la boca de los paramilitares. También solicitaron medidas cautelares ante la Corte IDH frente a su posible deportación a Italia y para que fuera enviado a Colombia a responder por sus actuaciones frente a las violaciones a los DDHH.
Otoniel
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Otoniel fue el máximo líder de la organización del Clan del Golfo, una organización que lleva desde 2008 aumentando su participación en el monopolio del tráfico ilegal de drogas. Fue parte de la generación de excombatientes del EPL que, ante la amenaza por parte de las FARC y las atractivas ofertas económicas, terminaron integrándose a las filas de las ACCU.
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Por su nivel de influencia actual (incluso después de capturado) su aporte a la verdad es trascendental para develar una serie de victimizaciones recientes que, por la influencia que mantienen las AGC en sus zonas de arraigo, no es posible denunciar o visibilizar.
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Fue extraditado el 4 de mayo de 2022 de manera automática horas después de que el Consejo de Estado diera el visto bueno. En enero de 2023 aceptó cargos y se podría enfrentar a una pena de más de 20 años.
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En Colombia, Otoniel cuenta con más de 120 procesos y tiene activa una condena de 40 años por la masacre de Mapiripán en 1997, es acusado por homicidios, terrorismo, tortura, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y delitos sexuales.
- Víctimas reconocidas por la Jurisdicción Especial para la Paz interpusieron una acción de tutela para frenar la extradición hasta que respondiera por sus delitos en Colombia. En primera medida fueron interpuestas medidas cautelares frente a su extradición pero en segunda instancia el Consejo de Estado desestimó las peticiones de las víctimas y levantó las medidas.
