Fusionar al cultivador con el actor armado o el narcotraficante. Esta es la estrategia narrativa más perjudicial identificada en el mapeo. Consiste en el uso detérminos que funden identidades, como “narcoguerrilla”, o en la atribución directa de la propiedad de los cultivos a grupos armados, silenciando por completo al campesino. Esta fusión despoja a las personas de su identidad campesina, niega sus motivaciones socioeconómicas y las convierte automáticamente en un objetivo militar,justificando la represión. Utilizar un lenguaje que criminaliza la actividad agrícola. El uso de nominaciones peyorativas como “narcocultivos” o la referencia a los campesinos como “narcos” o “delincuentes” es una práctica común. Este lenguaje borra la distinción entre el campesino de subsistencia y el gran narcotraficante, y encuadra un problema social en un marco puramente delictivo. Recurrir a metáforas de guerra, enfermedad o desastre natural. El mapeo encontró un uso recurrente de figuras retóricas que deshumanizan el fenómeno. Se habla de cultivos que “invaden” los parques o de la coca como un “cáncer” o una “enfermedad social”. Estas metáforas eliminan el componente humano y las causas estructurales, presentando el cultivo como una plaga que debe ser “extirpada” mediante la fuerza. Silenciar las causas estructurales y la voz de las comunidades. Una de las omisiones (silenciamientos) más consistentes es la descontextualización. Las narrativas punitivas silencian por qué las comunidades cultivan: el abandono estatal, la pobreza, la falta de vías de acceso y la inviabilidad de las economías lícitas. Al mismo tiempo, se silencia la voz y la agencia política de las personas cultivadoras, presentándolas como una masa pasiva o, peor aún, como una “fachada” de grupos armados. Medir el “éxito” únicamente en las métricas de erradicación. El mapeo muestra una fijación narrativa en las cifras de hectáreas y toneladas incautadas. Este marco estadístico invisibiliza la dimensión humana. No se pregunta qué pasó con las familias cultivadoras, si su pobreza se agudizó o si lograron transitar a una economía legal. La persona desaparece; solo queda la hectárea. Basar la narrativa exclusivamente en fuentes oficiales, militares o policiales. La jerarquía de actores en las narrativas dominantes es clara: la voz de autoridad es la del comandante militar, el almirante, el ministro o el funcionario estadounidense. Esto refuerza el marco de seguridad y presenta una visión unilateral del problema, donde las comunidades son solo el objeto de la política y nunca un interlocutor válido. ¿QUÉ SÍ HACER?CHECKLISTConsulta el documentoDESCARGA EL KIT
