El estudio abarca un periodo de 24 años; es decir, 4 administraciones presidenciales -que van desde 1994 hasta 2018-, a través de las cuales se busca identificar el impacto que los organismos internacionales y regionales de protección a derechos humanos, así como la sociedad civil organizada y los grupos de víctimas, han tenido en la institucionalización de las políticas públicas que se han adoptado para hacer frente a las graves violaciones a derechos humanos.