Desde hace tiempo Yucatán ha consolidado y promovido la imagen de ser el estado más seguro de México. En un país atravesado desde hace décadas por un fuego cruzado, éste se ha convertido en el estado más pacífico del territorio nacional. En 2021, de acuerdo con el Índice de Paz, realizado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), Yucatán ocupó por cuarta ocasión consecutiva el primer lugar como el estado más pacífico. Los indicadores tomados en cuenta son la ausencia de violencia, seguridad pública, homicidio, robo, secuestro y delincuencia organizada. Esta situación—casi sui generis —nos lleva a poner sobre la mesa las siguientes preguntas: ¿cuáles son las fisuras de este modelo de seguridad? Es decir, ¿cuáles son las implicaciones en términos de las violaciones a derechos humanos que ha tenido este modelo? y ¿para quién se vuelve seguro vivir en un estado policial?

Este informe es parte de una investigación más amplia, Derechos Humanos en Contexto en Yucatán, publicada por ELEMENTA DDHH en 2019. Siguiendo dicha línea, el periodo de estudio en el que nos centramos se enmarca en el contexto de militarización en México, iniciado en 2007 a raíz del comienzo de lo que el entonces presidente, Felipe Calderón Hinojosa, denominó como una “guerra contra el narcotráfico” El despliegue de tropas militares, cuerpos de seguridad militarizados o de policía militarizadas, como es el caso de la Guardia Nacional, ha funcionado en Yucatán, al menos discursivamente, para desmarcarse de las lógicas de violencia que existen en otros estados. Sin embargo, debajo de una estrategia basada en la prevención y la securitización para repeler amenazas externas, las autoridades de esta entidad han promovido un discurso que desconoce las violaciones a derechos humanos que han ocurrido como consecuencia de la política de seguridad.