Durante la emergencia sanitaria por COVID-19 entre marzo y agosto del 2020, algunos estados recurrieron a “medidas extraordinarias” para contener pandemia. Parte de esas medidas implicaron delegar la supervisión y/o ejecución de tareas de salubridad general a instituciones de seguridad pública a nivel estatal y municipal, mismas que no son propias de su funcionamiento.

En ese contexto se reportaron detenciones arbitrarias y brutalidad policial en un ejercicio desproporcionado del uso de la fuerza en entidades como Jalisco, Guanajuato y Yucatán. El 4 de mayo del 2020 se dio a conocer que Giovanni López Ramírez fue sometido y asfixiado luego de ser detenido por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; en julio de 2020 policías municipales en el Estado de Guanajuato recurrieron al arresto como una medida importante para prevenir los contagios por COVID-19; en Progreso (Yucatán) un joven fue asesinado por estrangulamiento en un retén de la Secretaría de Seguridad Pública.

La excepcionalidad de la pandemia no es excusa para violar derechos humanos. Por eso consideramos importante vigilar y exigir a las autoridades que rindan cuentas, principalmente porque este tipo de casos no son exclusivos de la emergencia sanitaria y se remontan a prácticas arraigadas en las corporaciones de seguridad pública.