Tres sexenios han transcurrido desde que el enfoque bélico se incorporó como eje del sistema de prohibición en México. Las narrativas en los últimos 15 años construyeron un discurso de “enemigo público” que fortaleció distintas políticas de persecución contra las personas que se insertan de alguna u otra forma en el mercado declarado ilícito de drogas. El sistema de justicia penal ha jugado un papel fundamental en contra de quienes forman parte de los eslabones más expuestos de la cadena como el cultivo, el microtráfico y el uso de sustancias psicoactivas.

Frente a este panorama, desde Elementa DDHH, desarrollamos investigaciones sobre los impactos que el sistema de prohibición tiene en el proyecto de vida de las personas. Específicamente, sobre las conductas delictivas que se insertan en la figura de “narcomenudeo” contemplada en la legislación mexicana. Esto, con el fin de mostrar, a través de datos e historias, los efectos que la política de prohibición tiene en grupos en situación de vulnerabilidad y proponer escenarios jurídicos viables que permitan el diseño de una política de drogas con enfoque de derechos humanos, justicia social y reparación integral.

Como parte de nuestra serie de investigaciones “Las Otras Rutas del Narcomenudeo” presentamos Prisión por Posesión: el papel del delito de posesión simple en la guerra contra las drogas en México. Este documento tiene como objetivo evidenciar, desde un análisis cuantitativo, el uso que se le da al delito de posesión simple de drogas en el sistema de justicia penal mexicano.

Asimismo, buscamos que este documento sea un insumo, en distintos contextos, en el debate en materia de política de drogas. Por un lado, para que en las discusiones en el Congreso sobre el diseño de un mercado regulado de cannabis en México se incluya la despenalización efectiva del delito de posesión simple. Por el otro, que en los casos que hay ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación se declare la inconstitucionalidad de dicha conducta, independientemente de la sustancia que se trate. También esperamos que los datos y el análisis realizado impulsen la implementación efectiva de la Ley de Amnistía Federal y su armonización a nivel local, donde se reconoce el impacto de los delitos de drogas, incluido el de posesión simple en la criminalización de grupos en contextos de pobreza, vulnerabilidad y violencia.

Finalmente, confiamos en que el relato sobre los obstáculos que enfrentamos para obtener la información para este documento impulse un debate público respecto a las obligaciones en materia de transparencia. Especialmente, sobre quiénes son las personas privadas de la libertad por los delitos menores de drogas y el deber de generar memoria institucional respecto a las políticas de seguridad pública, procuración e impartición de justicia desarrolladas en el marco de la estrategia de prohibición.