Según sugiere este dicho, hay cosas que parecen evidentes y que no deberíamos cuestionar. Tal parece que esto es lo que espera el Presidente electo que ocurra con la estrategia nacional de paz y seguridad que presentó la semana pasada, pues nos ha presentado un platillo que huele a pollo y sabe a pollo, y todos sabemos que es pollo, pero si le preguntamos a él, nos dice que no es pollo. Se puede decir que lo que nos presenta es una militarización, moldeada como una estrategia “temporal”, maquillada como un paso hacia el regreso de las fuerzas armadas a sus cuarteles, endulzada con palabras de protección a derechos humanos, y perfumada con aromas sintéticos paz; que pretende colocar en un plato, con una hojita de legalidad y una rama de política, consiguiendo que nadie dude de que no sea militarización. Esto, claro, hasta que no intentemos clavar el diente y darnos cuenta de que hemos sido engañados.
El 14 de noviembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador presentó su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2014, en el que reconoce que su gobierno “recibirá una seguridad en ruinas y un país convertido en un panteón”, por lo que dicho plan representa “un paradigma de seguridad radicalmente distinto al que ha sido aplicado en los sexenios anteriores” [1]. El documento enuncia y desarrolla ocho ejes que tendrá el plan y, si bien, tiene algunos aspectos positivos, la propuesta de creación de una Guardia Nacional, un cuerpo militarizado para realizar la seguridad pública, está muy lejos de ser una propuesta “radicalmente distinta”, ya que continúa y refuerza la estrategia iniciada por Felipe Calderón Hinojosa y seguida por Enrique Peña Nieto. Una estrategia fallida que ha convertido a este país en una fosa con más de 200 mil personas asesinadas y más de 35 mil desaparecidas.
El Plan de López Obrador busca encontrar legitimación con la aprobación de una iniciativa, presentada el 20 de noviembre por la bancada de Morena, que pretende reformar varios artículos de la Constitución para dar cabida a la Guardia Nacional.
En ella, se define a la Guardia Nacional como “una institución del Estado que participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad, y el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas, protegiendo su seguridad, sus bienes, así como preservar el orden, la paz pública, los bienes y recursos de la Nación; esta institución estará conformada por hombres y mujeres que previo los requisitos de la ley, la aplicación de los exámenes de ingreso, permanencia y ascenso, así como los procesos de profesionalización, integrarán un cuerpo especializado con estructura, funciones y estándares sobre el uso de la fuerza debidamente establecidas en su ley orgánica.”[2] A pesar de que Morena, en su momento, rechazó la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y de que AMLO, en campaña, mostró una postura contra la militarización, lo que hoy se propone bajo argumentos de que ante la actual crisis de violencia e inseguridad “el Estado no puede asegurar el cumplimiento de la legalidad ni reconstruir la paz sin el concurso de los institutos armados” es completamente contrario a la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior que normalizaba el uso de las fuerzas armadas en el ejercicio de la seguridad pública.
Esto último para nada es menor, en una votación 9 a 1(la Ministra Luna Ramos no votó), la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de la Ley y, aunque la mayoría de los argumentos fueron de corte legalista, enfocados al estudio del procedimiento legislativo que precedió la publicación de la Ley, así como a las facultades del Poder Legislativo para regular en materia de seguridad nacional, la realidad es que la discusión en la Corte dejó claro que la militarización del país es contraria a la Constitución, pues las tareas de seguridad pública son atribución única de instituciones civiles. La decisión de la Suprema Corte es congruente con los compromisos internacionales adoptados por México, con los estándares internacionales en la materia y con las recomendaciones que organismos internacionales han hecho reiteradamente a nuestro país tras documentar las graves violaciones a derechos humanos a causa de la militarización.[3] De hecho, días después del anuncio de la creación de la Guardia Nacional, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU hizo pública una recomendación en la que insta al gobierno mexicano “a fortalecer a las fuerzas civiles del orden y a establecer un plan de retiro gradual, ordenado y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública.”[4]
Más aún, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está por resolver el caso Alvarado Espinoza y otros vs. México, caso en el que se espera que dicho órgano se pronuncie sobre la inconvencionalidad de utilizar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Este caso es emblemático pues se refiere a uno de los fenómenos que más han impactado en el marco de la guerra contra las drogas: la desaparición forzada. La desaparición de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes a manos del Ejército se llevó a cabo durante la implementación del Operativo Conjunto Chihuahua, el cual desencadenó distintas violaciones a derechos humanos en las que están involucradas -por acción y omisión- elementos castrenses. No está de más recordar, que las decisiones de la Corte Interamericana contra el Estado mexicano son vinculantes para nuestro país, además de formar parte de bloque de constitucionalidad que emana del artículo primero constitucional. En ese sentido, querer cambiar la Constitución no exime al gobierno de cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos ni de las decisiones de los órganos internacionales que tienen competencia jurisdiccional ratificada por México.
El gobierno de transición insiste en que la Guardia Nacional será algo totalmente distinto al Ejército [5]; sin embargo, será una nueva institución del Estado, que dependerá de la Secretaría de la Defensa Nacional y que estará conformado por Policía Militar, Policía Naval y Policía Federal. ¿Dónde quedó lo distinto? Además, pretende que sean los mismos militares quienes “capaciten” y “profesionalicen” a este nuevo grupo que tendrá, además, atribuciones de policía ministerial. El documento que contiene el Plan Nacional de Paz y Seguridad reconoce la ineficacia de las corporaciones policiales, es decir, la falta de una institución policial que sea capaz de combatir la inseguridad y la violencia al tiempo que respete y proteja los derechos humanos, y ante ello justifica el relevo de las Fuerzas Armadas en la encomienda de la seguridad pública. Sin embargo, lo que no contempla el Plan es la grave crisis de institucionalidad en la que nos encontramos inmersos y de la que no se escapan la Secretaría de la Defensa Nacional ni la Secretaría de Marina.
Para ilustrar esto, algunas cifras: En el marco de la guerra contra el narcotráfico, iniciada por Calderón en 2006, se incrementaron considerablemente los operativos militares. En 2007 hubieron 28 operaciones implementadas por SEDENA y 12,744 por SEMAR, lo que incrementó a 71 y 16,543, respectivamente en 2011.[6] Con ello se dispararon los índices de violencia y aumentaron en un 831% las quejas recibidas por la CNDH sobre presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de la SEDENA y en 1,962% las perpetradas por SEMAR.[7] Peña Nieto continuó con esta política y desplegó 212,107 elementos militares en territorio nacional entre 2012 y 2017[8]; no sobra decir que los asesinatos, desapariciones y otras violaciones a derechos humanos siguieron a la alza. Además, está documentada -y ampliamente denunciada- el uso de la tortura como una práctica generalizada dentro de las instituciones castrenses para adiestrar a sus miembros, los mismos que cometen violaciones a derechos humanos.
¿Son esos mismos elementos de las fuerzas armadas los que AMLO pretende que capacitarán o formarán parte de esta “nueva” institución? ¿Cómo poner la seguridad de la población civil en manos de instituciones que han vulnerado los derechos humanos de sus miembros? La crisis de institucionalidad no es propia de la Policía Federal como lo intenta argumentar el nuevo gobierno, sino todo lo contrario. Al respecto, en Retos para la Transformación: Trayectoria institucional para hacer frente a graves violaciones a derechos humanos en México, Elementa DDHH documentó la falta de institucionalidad dentro de las Fuerzas Armadas para hacer frente a las graves violaciones a derechos humanos. El estudio señala que el aumento de la presión por las crecientes violaciones a derechos humanos fue lo que reveló la necesidad de ajustar la estructura de ambas secretarías para atender las quejas y las denuncias en la materia. A pesar de que al día de hoy tanto SEDENA como MARINA cuentan con una oficina dentro de su estructura en materia de derechos humanos, Elementa concluye que “la institucionalidad de esas Secretarías no ha logrado consolidarse más allá de oficinas de atención a quejas y capacitaciones en derechos humanos a sus miembros, cuyos resultados no han sido evaluados ni han reflejado la adopción de una política respetuosa y protectora de los derechos humanos”[9].
Ante ese panorama, ¿qué es lo diferente que promueve la llamada cuarta transformación, sino un mayor control castrense de la seguridad pública? Lo peligroso de este “más -y peor- de lo mismo” es que a diferencia de sus predecesores, Andrés Manuel busca legitimar su estrategia no con acciones, ni con una ley, sino reformando la Carta Magna para “subsanar” todos aquellos argumentos esgrimidos por la Suprema Corte y que harían -o deberían hacer- inoperante su Plan. Si la operación de la Guardia Nacional será temporal, en la medida de que el resto de los elementos castrenses regresan a sus cuarteles, ¿por qué entonces reformar la Constitución? Nada más permanente que modificar la Ley Suprema. No nos hagamos tontos, lo que propone AMLO huele a pollo y sabe a pollo porque es pollo.
Por todo ello es que Elementa adopta una postura de completo rechazo a la creación de la Guardia Nacional en los términos que plantea López Obrador y se suma a las exigencias del colectivo #SeguridadSinGuerra. Además, hacemos un llamado para que el nuevo gobierno establezca una política de estado en materia de derechos humanos orientada a eliminar las prácticas que se traducen en graves violaciones -especialmente tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones ilegales- que sea integral y permee en todos los órdenes y niveles de gobierno.
[1] Véase, Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, pg. 1 y 3. Disponible en: https://goo.gl/4TFnZL
[2] Se puede consultar en: Gaceta Parlamentaria, 20 de noviembre de 2018.
[3] Incluso, el representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, celebró la declaratoria de inconstitucionalidad y señaló que “El despliegue de las Fuerzas Armadas que ha tenido durante la última década en la lucha contra el crimen no ha traído seguridad. En cambio, las personas en México han sufrido violaciones a sus derechos humanos y abusos por parte de actores estatales y no estatales, incluidas ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas”. ONUDH. Comunicado: Aplaude ONU-DH la decisión de la Suprema Corte que declara inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, 16 de noviembre de 2018. Disponible en: https://goo.gl/puDqBa
[4] ONU. CED. Observaciones finales sobre el informe presentado por México en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, 19 de noviembre de 2018. Disponible en: https://goo.gl/5RRf63
[5] “Guardia Nacional será una policía con filosofía y objetivo distinto al Ejército: Delgado” El Universal, 21 de noviembre de 2018.
[6] Pérez Correa, Catalina. “México 2006-2012: Una revisión de la violencia y el sistema de justicia penal”. Blog Derecho en Acción. CIDE, diciembre 8, 2015. México. Disponible en: https://goo.gl/QZamuu
[7] Íbidem.
[8] Informe Conjunto para el Tercer Examen Periódico Universal de México (2018) por: Comisión Mexicana para la Defensa y Protección de Derechos Humanos, Organización Mundial contra la Tortura, International Federation of Human Rights e I(dh)eas. Litigio Estratégico en Derechos Humanos, pg. 5.
[9] Elementa DDHH. 2018. Retos para la Transformación: Trayectoria institucional para hacer frente a graves violaciones a DDHH en México. México, pg. 211. Disponible en: https://goo.gl/9aekvY