Desde Elementa consideramos que la labor de monitoreo de las acciones del Estado colombiano en materia de política de drogas es fundamental para visibilizar los impactos de las estrategias de la prohibición y proponer desde la evidencia, una ruta que dirija al país hacia una política de drogas con enfoque de derechos y justicia social.
Bajo dicha premisa, surge Radiografía sobre la política de drogas en Colombia 2018-2022. Esta iniciativa tiene como objetivo proponer una herramienta viva de monitoreo que incluya los tres poderes de gobierno: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, abarque temáticas relacionadas tanto con la oferta como la demanda y permita contar con una fotografía integral de la política de drogas en el país para impulsar cambios sustantivos en la materia.
Aquí se evalúa la Ruta Futuro como estrategia de gobierno sobre el tema de drogas. Se abordan solo los tres primeros pilares: reducción del consumo de drogas, reducción de disponibilidad de drogas y desarticular y afectar las organizaciones criminales. Se incluye seguimiento al punto 4 del Acuerdo de Paz, así como los avances en los componentes del PNIS y mapeo de alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo. También, se muestran cifras de la Policía Nacional y de la Dirección Antinarcóticos (DIRAN) como paneo general del enfoque del gobierno saliente sobre el tema.
Pilar 1: Reducción del consumo de drogas
El Ministerio de Salud es la entidad encargada de implementar la mayoría de las políticas enfocadas en la reducción del consumo de sustancias psicoactivas (en adelante “SPA”) en el país, por lo que el primer pilar de la Ruta Futuro está, en gran medida, bajo su responsabilidad. En su planteamiento, el pilar responde a la necesidad de abordar el creciente consumo de sustancias -lícitas y no lícitas- desde 5 objetivos estratégicos del que se desprenden 86 acciones concretas.
Teniendo en cuenta que el consumo de drogas y la prevención de este, principalmente en niños, niñas y adolescente (NNA), ha sido el caballo de batalla de los más recientes debates políticos y la justificación principal para emprender acciones de persecución o criminalización por vía administrativa contra las personas que consumen drogas, llama la atención que la financiación de este pilar tiene una destinación de tan solo el 3% del total de la financiación de la Política Ruta Futuro con una suma de 152.802 millones de pesos.
Pilar 2: Reducción de disponibilidad de drogas
En el segundo pilar se enfoca el mayor esfuerzo del Gobierno Nacional debido a que consideran que es donde verdaderamente se puede atacar la existencia misma de sustancias psicoactivas en el país. Por lo tanto, la construcción de las estrategias está enfocada directamente en reducir los cultivos de hoja de coca, la producción de sustancias psicoactivas y el control de las sustancias químicas con un despliegue de articulación interinstitucional que incluye a los sectores de seguridad, defensa, comercio, agricultura, justicia y medio ambiente.
En términos presupuestales y en comparación con la destinación del pilar 1, la financiación de este pilar equivale al 95% del total de la política. Esto equivale a la suma de 4.2 billones de pesos para la implementación de 58 acciones 9 diseñadas para abordar los siguientes problemas identificados:
- Cultivos ilícitos y productividad.
- Uso de plaguicidas para el desarrollo de cultivos ilícitos.
- Las sustancias adulterantes y precursores químicos utilizados frecuentemente en la producción de drogas.
- Las infraestructuras de producción.
- Drogas de síntesis y nuevas sustancias psicoactivas.
Pilar 3: Desarticular y afectar las organizaciones criminales
El tercer pilar se construye a partir de los objetivos de identificar, impactar y desarticular las organizaciones criminales que operan en el país -junto con sus aliados internacionales- a partir de acciones de control, investigación y judicialización de actores que dinamizan el narcotráfico a nivel interno y externo.
En cuanto a su financiación y a diferencia de los demás pilares, al momento de presentar el plan de acción de la Ruta Futuro, se identificó que 21 de las 22 acciones construidas para este pilar presentaban una dificultad para establecer los recursos a invertir durante el cuatrienio. La única suma definida fue la de 1.000 millones de pesos para el objetivo de reducir los mercados internos de drogas.
En el Poder Legislativo se hace un balance de los 32 proyectos de ley que combinan enfoque reformista y prohibicionista. Se resalta la labor de ciertos congresistas y alianzas, junto con estrategias como los debates de control político que señalan retos a implementar de cara al nuevo congreso.
La mano representa los proyectos con enfoque de derechos humanos, es decir los que buscan modificar los factores de riesgo y fomentar la protección frente al consumo problemático de SPA. Mientras que la X representa los proyectos de enfoque prohibicionista, que se basan en la estigmatización del consumo y promueve un consumo cero.
Caso 1: Alianza interpartidista por un cambio en la política de drogas
El 22 de mayo de 2019, congresistas de 8 partidos diferentes, dieron una rueda de prensa conjunta en la sala de prensa del Congreso de la República para anunciar una nueva alianza interpartidista por la reforma de la política de drogas. En esta rueda de prensa anunciaron su compromiso con dar un viraje a la política prohibicionista de guerra contra las drogas y buscar alternativas como la regulación del uso adulto del cannabis. Esta alianza fue conformada por los congresistas Gustavo Bolívar, María José Pizarro, David Racero y Aída Avella, de la lista de los Decentes; Luis Fernando Velasco y Harry González del Partido Liberal; Antonio Sanguino del Partido Alianza Verde; Gustavo Petro de Colombia Humana; Iván Cepeda, Wilson Arias y Alexander López del Polo Democrático; Temístocles Orte- ga y Richard Aguilar de Cambio Radical; Andrés García Zuccardí, Armando Benedetti y Roy Barreras del Partido de la U; Feliciano Valencia del MAIS; y Pablo Catatumbo y Julián Gallo del Partido Comunes.
Caso 2: Jonatan Tamayo Pérez
Fue el único congresista electo por la lista de Decentes-ASI que demostró una postura totalmente prohibicionista frente a la política de drogas del país, incluso fue autor del proyecto de ley 038 de 2019 (Senado), que buscaba declarar el 26 de junio como el día nacional del no consumo de estupefacientes.
Caso 3: Juan Carlos Losada, Juan Fernando Reyes Kuri y el cannabis de uso adulto
Desde su segundo periodo legislativo, los congresistas fueron constantes en dar una lucha importante pero difícil en la modificación del artículo 49 de la Constitución Política para abrirle la puerta a una regulación del cannabis para uso adulto -puerta que cerró la reforma constitucional realizada al final del último gobierno de Álvaro Uribe-. Lo más lejos que llegaron en esta lucha fue la aprobación del proyecto de acto legislativo en la comisión primera de la Cámara de Representantes en el 2020.
Caso 4: Iván Marulanda, Feliciano Valencia y el primer proyecto de regulación de hoja de coca y sus derivados
Es importante resaltar la labor que han realizado estos congresistas al crear el primero proyecto de ley en el mundo que busca regular los derivados psicoactivos y no psicoactivos de la hoja de coca, tarea que además llevaron a cabo en consulta con diversas comunidades indígenas, sociedad civil y personas expertas.
Caso 5: Gabriel Santos y el Centro Democrático
El congresista ha demostrado su apoyo a nuevos enfoques en la política de drogas que se alejan del prohibicionismo. Sus posturas no han sido bien vistas por su partido, quienes, luego de que el congresista votara, en comisión primera de la Cámara de Representantes, a favor del proyecto de Acto Legislativo 006 de 2020 que buscaba abrir la puerta para la regulación del uso adulto del cannabis, decidieron votar en bloque para evitar que el congresista Santos votara a favor del proyecto en la discusión plenaria.
Caso 6: Los partidos de derecha y la regulación de cannabis
Resulta curioso ver que partidos políticos como el Centro Democrático, Colombia Justa Libres y otros apoyen el uso medicinal o industrial del cannabis y el cáñamo. Uno de los casos a resaltar es el del Senador de Centro Democrático, Santiago Valencia, autor del proyecto de ley 248 de 2020, que regula el uso industrial y comercial del cáñamo. Él ha tenido que declararse impedido para votar por tener un familiar en primer grado de consanguinidad que trabaja y asesora en temas de cannabis medicinal.
Caso 7: Congresistas indígenas y afro, así como de regiones más afectadas por el narcotráfico mostraron estar en contra del glifosato y a favor de nuevas alternativas en la guerra contra las drogas
Uno de los patrones más lamentables que se han evidenciado en las votaciones de estos proyectos de ley en el Congreso es la forma en que las regiones menos afectadas por el narcotráfico terminan dirigiendo la política de drogas del país. En las votaciones de proyectos como los de prohibición de la fumigación aérea con glifosato, regulación de derivados de la hoja de coca y del cannabis, vimos cómo los congresistas de indígenas y afro, así como los de las regiones más afectadas por el narcotráfico, como Putumayo, han dado su voto en contra de la guerra contra las drogas y han apoyado nuevas posturas de política de drogas que se alejan del prohibicionismo y se construyan desde el respeto por los derechos humanos.
En el Poder Judicial se compilan los casos más representativos en materia de política de drogas para las tres altas cortes: Corte Constitucional, Suprema Corte de Justicia y Consejo de Estado. Particularmente, la Corte Constitucional logró una amplia visibilidad por la sentencia C-221 de 1994 bajo la cual protegió los derechos a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad. En el caso del Consejo de Estado se explican los argumentos más comunes a favor o en contra de los accionantes.
MP. Cristina Pardo Schlesinger
Fumigación aérea con glifosato
Sentencia T-413 de 2021:
La Corte deja sin efectos la Resolución 094 del 14 de abril de 2021 expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, por desconocer el derecho a la participación de las comunidades campesinas que residen en los municipios donde eventualmente se implementará el PECIG y ordenó la realización de un proceso de consulta previa con las comunidades.
Hoja de coca
Sentencia T-365 de 2021:
Persona indígena Arhuaca privada de la libertad a quien le fue negada la solicitud de ingreso del Ayú y Poporo al establecimiento carcelario. La Corte considera la necesidad de protección constitucional pues se negó el ingreso del Ayú y el Poporo pese a que el uso de la hoja de coca ha sido ampliamente reconocido como una tradición indígena, válida y legal, y por tratarse de una vulneración al derecho fundamental a la diversidad e identidad étnica y cultural.
Sentencia T-413 de 2021:
Representante de la iniciativa empresarial COCA NASA y obrando en calidad de indígena NASA interpuso tutela contra la Secretaría de Salud de Bogotá por vulnerar sus derechos fundamentales, ya que la entidad no accedió a las solicitudes formuladas en un derecho de petición presentado el 2 de octubre de 2017. Las peticiones realizadas por la comunidad fueron rechazadas. La Corte decidió negar el amparo de los derechos considerados vulnerados invocados por los accionantes.
MP. Diana Fajardo Rivero
Consumo de SPA
Sentencia C-253 de 2019:
Demanda sobre la inconstitucionalidad de dos artículos del nuevo Código de Policía y Convivencia, Ley 1801 de 2016. La Corte declara inexequibles los artículos y concluye que las dos normas tienen un gran impacto en materia de derechos, estableciendo restricciones generales y amplías. Señala que existen otras disposiciones que permiten alcanzar los fines de la ley sin construir limitaciones amplías y genéricas para el consumo de SPA en el espacio público.
MP. José Luis Barceló Camacho
Porte de SPA y responsabilidad penal
Sentencia de radicado 49421 de 2018:
La Corte no casa la sentencia sobre un procesado con 450 gramos de marihuana que señala que es para uso de dos personas. En este caso al interpretar que se estaba poniendo en riesgo la salud de otra persona y la cantidad de la sustancia se encontraba desproporcionada, consideró que existió responsabilidad penal.
MP. Eyder Patiño Cabrera
Porte de SPA y responsabilidad penal
Sentencia de radicado 53157 de 2019:
La Corte no casa la sentencia sobre una persona que portaba 100 gramos de marihuana distribuidos en 71 cigarrillos. Los patrulleros recibieron una denuncia sobre el expendio de sustancias y al abordarlo encontraron escondidos 7 paquetes más escondidos en la llanta de un carro.
MP. Jaime Humberto Moreno
Porte de SPA y responsabilidad penal
Sentencia de radicado 54041 de 2019:
La Corte argumentó que, bajo ningún supuesto, tornarse nervioso frente a la presencia policial puede usarse como regla para indicar que se está frente a un delincuente que está consciente de que comete una conducta prohibida.
MP. Patricia Salazar Cuellar
Presunción de inocencia determinantes de condena por delito de 'fabricación, tráfico y porte de estupefacientes'
Sentencia de radicado 51556 de 2019:
Se resalta que la Fiscalía ha coadyuvado la pretensión de absolver a los procesados, ya que no se aportaronpruebas que permitieran concluir que el porte de SPA estaba destinado al tráfico de SPA.
MP. Luis Antonio Hernández
Presunción de inocencia determinantes de condena por delito de 'fabricación, tráfico y porte de estupefacientes'
Sentencia de radicado 55641 de 2020:
La Corte señala que es de obligación de los jueces considerar todas las variables para afirmar o desvirtuar la inferencia de un hecho delictivo de ‘tráfico, fabricación o porte de estupefacientes’.
MP. Gerson Chaverra Castro y MP. Eyder Patiño Cabrera
Presunción de inocencia determinantes de condena por delito de 'fabricación, tráfico y porte de estupefacientes'
Sentencia de radicado 56087 de 2021 y radicado 58870 de 2021:
La Corte confirma que lo determinante para la configuración del delito de ‘tráfico, fabricación y porte de estupefacientes’ es la finalidad perseguida por la persona, no la cantidad de sustancia psicoactiva que lleva consigo y mucho menos el lugar, el dinero o la forma en la que está dispuesta la sustancia.
MP. Myriam Ávila Roldán
Presunción de inocencia determinantes de condena por delito de 'fabricación, tráfico y porte de estupefacientes'
Sentencia de radicado 59100 de 2022:
La CSJ revoca una sentencia sobre la cual se condenó a la persona procesada bajo el verbo rector de ‘conservar’ sustancias psicoactivas. Sus argumentos fueron que encontrarse en el inmueble allanado no infiere que el procesado haya conservado las sustancias incautadas.
MP. Roberto Augusto Serrato
Consumo de SPA
Sentencia 11001-03-24-000-2018-00387-00 del 30 de abril de 2020:
Demanda sobre el Decreto 1844 de 2018 que reglamenta el Código Nacional de Policía y Convivencia señaló que la norma que facultaba a la Policía Nacional para combatir el microtráfico de drogas en espacios públicos traslada la responsabilidad del abordaje del consumo en una institución que no se encuentra capacitada para cumplir con estándares en el manejo de las dependencias a SPA. El Consejo de Estado niega las pretensiones de nulidad, pero condiciona la aplicación del Decreto.
Los últimos 4 años han implicado grandes retos en materia de derechos humanos y, la política de drogas, siendo un tema que atraviesa la historia reciente de Colombia, no se escapa de estos. En ese sentido, y, de cara a la información revisada para cada una de las ramas del poder, elaboramos una serie de observaciones que responden a los retos que tendrá el país en la materia.
