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México | PolÍtica de drogas | Prohibicionismo | Militarización

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia en 2018, las expectativas ante el cambio y la “transformación” eran altas. Una de las apuestas más importantes estaba en replantear la política de drogas de corte prohibicionista que tenía al país sumido en violencias y vulneraciones a derechos humanos. Así se abría la posibilidad de transitar a una política centrada en las personas en lugar de las sustancias. 

En este contexto, en Elementa dimos seguimiento al comportamiento de la política de drogas a nivel federal durante el sexenio. Con base en dicho monitoreo surge Radiografía de la Prohibición, la cual tiene como objetivo contrastar las promesas de campaña de AMLO y las líneas de acción planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, con los instrumentos de política pública implementados por la administración pública federal, los cambios institucionales y la promulgación de legislación sobre dicha temática. 

Ante la influencia de la narrativa del presidente AMLO, esgrimida todos los días desde la conferencia de prensa matutina, buscamos responder las siguientes preguntas: ¿la narrativa del presidente influyó o no en la acción u omisión de medidas para transitar hacia una reforma a la política de drogas en México?; ¿qué aspectos fortaleció o cambió de la estrategia iniciada en 2006 por Felipe Calderón?; ¿qué avances hubo en la materia?; ¿estos lograron superar la visión moral presidencial de estigma y criminalización?

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Al inicio del sexenio había 54,980 elementos de las fuerzas armadas desplegados en el país. Para diciembre de 2023, la cantidad alcanzó un total de 286,494 elementos, entre la Guardia Nacional y las FFAA. Esto representa un incremento de más del 400%.

El 60% de éstos fueron asignados a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) cuyo objetivo es la afectación a grupos delictivos. 

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¿Qué más puedes encontrar en este apartado?

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  • Información sobre los cambios jurídicos para consolidar el enfoque político de las fuerzas armadas bajo la justificación de la mal llamada “guerra contra las drogas”.
  • La reconfiguración del mercado ilícito de drogas y el mantenimiento de estrategias fallidas de reducción de la oferta con información filtrada por el colectivo Guacamaya.
  • Análisis de la agenda bilateral en materia de drogas y seguridad (Acuerdo Bicentenario).

    🔍 Toda la información en la página 18 a la 69.

    RECOMENDACIONES

      1. Crear unidades locales de análisis de contexto en las fiscalías locales encaminadas a identificar actividades y actores, tanto públicos como privados, vinculados a circuitos de corrupción y lavado de dinero asociados al mercado ilícito de drogas.

        1. Diseñar una política nacional de drogas basada en un enfoque en derechos humanos.

        2. Presentar un plan de retiro gradual de las FFAA.

        3. Regular de forma diferenciada y escalonada y con enfoque reparador, las distintas sustancias psicoactivas actualmente prohibidas.

        4. Garantizar la transparencia, accesibilidad y consulta pública de la agenda del Acuerdo Bicentenario y sus resultados.

        5. Otorgar atribuciones a la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública.

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          ➡️ Para más recomendaciones consulta de la página 138 a la 144.

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          En México, las personas encarceladas por delitos menores tienen más probabilidades de ser encarceladas de manera automática que aquellas que son parte de las redes de macrocriminalidad. Entre 2018 y 2023 el 96% de las personas detenidas por delitos de drogas fueron privadas de la libertad automáticamente por algún delito relacionado con narcomenudeo. 
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          Entre 2018 y 2024 hubo una reducción de las detenciones por faltas cívicas relacionadas al consumo de drogas. En 2019 se detuvo a 90,901 personas, mientras que en 2022 se redujo un 48.33% con 46,500 personas detenidas. Aunque esta reducción es positiva, las cifras continúan siendo alarmantes. 
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          Para más  información sobre:

          • El proceso fallido de regulación de cannabis en el Congreso.
          • La criminalización administrativa de la población usuaria de drogas.
          • La persecución penal de las personas que están en los eslabones más expuestos del mercado ilícito de drogas.
          • Resultados de la Ley de Amnistía.
          ➡️ Para más recomendaciones consulta de la página 145 a la 149

          RECOMENDACIONES

          1. Dejar de priorizar la persecución de delitos menores relacionados con drogas.

          2. Derogar el artículo 477 de la Ley General de Salud y el artículo 195 bis del Código Penal Federal, para despenalizar la posesión simple de drogas bajo la figura de narcomenudeo.

          3. Establecer un plan de formación de las policías locales y campañas de desestigmatización al interior de las corporaciones policiales para que dejen de priorizar la persecución de delitos menores de drogas.

          4. Diseñar y aprobar leyes de amnistía locales cuyas disposiciones, incluyan específicamente los delitos relacionados con drogas, incorporando atenuantes que ofrezcan una mayor protección a las personas víctimas del sistema de prohibición.
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            ➡️ Para más recomendaciones consulta de la página 145 a la 149
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            Según el último censo hecho en 2020, en México existen 2,129 centros de rehabilitación privados de los cuales únicamente 438 están registrados en la CONADIC pero sólo el 46% opera con licencia vigente. 
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            Durante este sexenio la política de atención al consumo de sustancias  se caracterizó por tener acciones enfocadas en la moral y no en la evidencia, ¿por qué? Así se dictó la narrativa desde presidencia. La evidencia de esto son las campañas en medios de comunicación “enfocadas a la prevención del consumo de sustancias y conductas susceptibles a generar adicciones”.
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            Conoce más de: 

            • El impacto de la narrativa presidencial en las campañas institucionales sobre consumo de sustancias psicoactivas.
            • Los cambios institucionales derivados de la reforma en materia de salud mental y uso de drogas.
            • Los retos en la fiscalización ante las dinámicas actuales en las que operan los centros de rehabilitación privados en territorio nacional.

            🔎 ¡Visita este apartado! Lo encuentras de la página 105 a la página 134.

            RECOMENDACIONES

            1. Crear campañas de comunicación en materia de prevención de consumo de drogas basadas en la evidencia científica y un enfoque de derechos humanos.

            2. Reconocer que el consumo ilícito de fentanilo está focalizado en algunas zonas del país y diseñar e implementar una política de reducción de daños.

            3. Garantizar la disponibilidad de naloxona  y metadona.

            4. Asegurar la recolección periódica de información de calidad sobre consumo de sustancias psicoactivas en el país.

            5. Eliminar los subsidios o becas a centros residenciales de tratamiento a adicciones y dirigir estos recursos al fortalecimiento del nuevo modelo de atención a nivel estatal.

            6. Incentivar la transición del modelo asilar al ambulatorio en centros de tratamiento para la rehabilitación de usos problemáticos de la iniciativa privada, para homologar los principios de la reforma de salud mental al sistema de atención de manera integral y con enfoque de derechos. 

            ➡️ Para más recomendaciones consulta de la página 149 a la 153.