Ante la proximidad del examen que se llevará a cabo ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (en adelante, Comité DESC o Comité) en el próximo mes de septiembre, presentamos el siguiente informe con el objetivo de actualizar al Comité sobre la situación de la política de drogas y el cumplimiento de las obligaciones generales del Pacto Internacional de Derechos Económico, Sociales y Culturales (en adelante, PIDESC o Pacto) por parte del Estado colombiano.

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Posicionando la política de drogas en el derecho internacional de los Derechos Humanos

Hasta el pasado 27 de agosto de 2017, la sociedad civil tenía plazo de enviar informes alternos para el examen de Colombia ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de Naciones Unidas que tendrá lugar durante el 19 y 20 de septiembre en Ginebra, Suiza. Si bien, un gran número de organizaciones y coaliciones acostumbran a enviar sus reportes en diferentes temáticas y preocupaciones, la política de drogas no ocupaba un lugar en la agenda.

Elementa, junto con ATS, Indepaz, el OCDI, Humanas, Coca Nasa y expertos y expertas en la materia enviaron el primer informe alterno sobre política de drogas con el objetivo de poner a dialogar la política de drogas actual con las obligaciones internacionales que el Estado colombiano tiene en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

La redacción del informe destacó la importancia de documentar y de evidenciar el trabajo realizado por la sociedad civil a favor de diferentes poblaciones que se han visto diferencialmente afectadas por la actual política prohibicionista de drogas, poblaciones con las que el Estado tiene el deber de cumplir con las obligaciones internacionalmente adquiridas y de garantizar sus derechos económicos, sociales y culturales.

El informe, además de actualizar al Comité DESC sobre la situación de Colombia y de reconocer los avances existentes, aborda los siguientes aspectos: (i) las consecuencias del encarcelamiento de mujeres condenadas por delitos relacionados con drogas; (ii) la situación de la población cultivadora de hoja de coca; (iii) la situación de los usuarios de drogas y; (iv) los usos médicos, terapéuticos y científicos de las sustancias controladas. Lo anterior, enmarcado dentro del principio de igualdad y no discriminación, el principio de progresividad y en pro de la garantía y cumplimiento de los derechos reconocidos dentro del Pacto Internacional de DESC.

Este primer acercamiento con el derecho internacional de los derechos humanos, busca que el Estado colombiano implemente una política de drogas coherente con el discurso reformista que ha tenido el actual Gobierno ante escenarios internacionales y con el contenido del punto 4 del Acuerdo de Paz.

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