A pesar de destinar esfuerzos, recursos, tiempo y personal para construir lo que se ha denominado como “un mundo libre de drogas”, los objetivos de esta estrategia mundial ha fracasado: no se ha reducido la oferta de drogas, la salud pública no ha sido garantizada, no se ha desincentivado el uso y no se ha generado entornos más seguros. Por el contrario, observamos un aumento en la disponibilidad de drogas en el mercado ilícito, las cuales afectan la salud de las personas. En consecuencia ha aumentado el consumo y los casos de sobredosis. También se ha intensificado la inseguridad debido al fortalecimiento de grupos criminales que operan bajo la protección de autoridades y acceden a capitales generados en la ilegalidad de su mercado, proporcionando un margen significativo de ganancias.

Los debates a nivel internacional insisten en la necesidad de concebir estrategias de política de drogas, tanto en lo internacional como en lo nacional, desde una perspectiva que proteja los derechos de las personas. Desde las Naciones Unidas diversos mecanismos y organismos especializados han respaldado este llamado, y han destacado la crisis de derechos humanos desencadenada por la prohibición y un enfoque centrado en el castigo a cualquier persona o actividad vinculada con las drogas.

En este contexto, el presente Informe de Sombra contrasta cinco de los once objetivos y desafíos identificados en la Declaración Ministerial de 2019 de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (CND) con los resultados de su aplicación en México. Al final de cada meta analizada, incorporamos recomendaciones del Alto Comisionado (ACNUDH) que consideramos deben ser parte de la formulación de los objetivos de la Declaración. De esta forma, planteamos que las metas establecidas hacia el año 2029 sean más efectivas y se crucen con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos.