Al establecer la prohibición de toda actividad o profesión relacionada con las sustancias, incluso aquéllas que se circunscriben únicamente a la atención y prestación de servicios para usos seguros, sin considerar el origen de la sustancia, se orilla a las personas usuarias a realizar prácticas inseguras que las podría llevar a padecer una sobredosis e incluso la muerte. La criminalización y la prohibición no va a eliminar las drogas de los mercados ilícitos y mucho menos va a desincentivar el uso en quienes ya viven con un consumo problemático, pero sí hará que el nivel de vulnerabilidad aumente y los servicios de salud y prevención de sobredosis fatales a través de la naloxona sea imposible.