Bogotá, Colombia 28 de enero de 2020.

Ante las declaraciones del Director del Programa de Sustitución de Cultivos (PNIS), Hernando Londoño, en entrevista con el periódico El Espectador publicada el pasado viernes 24 de enero, donde asegura que no existe registro alguno de líderes y/o lideresas asesinadas relacionadas con la defensa de la sustitución de cultivos de usos ilícito quisiéramos recordar, que son múltiples las fuentes nacionales e internacionales que han documentado dichos asesinatos, principalmente en contra de personas vinculadas a los programas de sustitución de cultivos.

Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH) en Colombia ha documentado amenazas y asesinatos de personas que han impulsado la implementación del PNIS con el objetivo de buscar economías viables y legales para sus comunidades. En su informe sobre la situación de derechos humanos en 2018, la OACNUDH expresó su preocupación por el deterioro de las condiciones de seguridad en varias zonas de implementación del PNIS debido al accionar de grupos criminales, miembros de grupos armados y antiguos integrantes de las FARC-EP quienes han tomado represalias en contra de familias y líderes que se han acogido a dicho Plan.[1]

Frente a dichas cifras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[2] en su más reciente Informe sobre personas defensoras de derechos humanos y líderes en Colombia, reconoció que las personas que impulsan la sustitución de cultivos declarados ilícitos se encuentran en una situación de riesgo. En ese sentido, la CIDH señaló que observa que “el Programa Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) sería uno de los procesos que ha generado mayores riesgos a las y los líderes sociales que desarrollan tareas en el marco de este programa. Durante su visita, la Comisión recibió información que apunta a un patrón de violencia en contra de líderes y lideresas sociales y comunitarios por apoyar políticas derivadas del Acuerdo Final de Paz como el PNIS.”

A estas preocupaciones se ha sumado el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos durante su visita en 2018, tuvo conocimiento, que la mayoría de asesinatos ocurrieron en zonas donde se desarrollan actividades ilegales como siembra de cultivos de uso ilícito y expresó su especial preocupación por el aumento de líderes asesinados que formaban parte del PNIS.

Por su parte, organizaciones de la sociedad civil como INDEPAZ y el Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos (OCCDI-GLOBAL), a diciembre de 2019 habían documentado 74 líderes y lideresas asesinadas relacionadas con el programa de sustitución.  De ellos,  47 personas pertenecían a la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (CCOCAM).[3] En ese sentido, en el comunicado publicado el día 27 de enero por la COCCAM se denunció que 56 líderes sociales vinculados a la Coordinadora, que trabajaban por los intereses de las comunidades y promovían el PNIS en sus territorios, han sido asesinados.[4]

Declaraciones como las del Director del PNIS, sumadas a la manipulación de cifras sobre la situación de las líderes y lideresas por parte de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos[5], invisibilizan la grave situación de quienes apuestan por transitar hacía actividades lícitas y acogerse al contenido del Acuerdo de Paz y aumentan el riesgo de victimización. Es necesario que las instituciones del Estado reconozcan la realidad de lo que está ocurriendo, para responder con medidas de protección acordes con la gravedad de los hechos y su deber constitucional.

Lo anterior, tomando en consideración que el mismo Decreto-Ley 896 de 2017, que creó el PNIS, declaró que las condiciones de seguridad para las comunidades y los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito son necesarias para garantizar la ejecución del programa. De hecho, el parágrafo 1 del artículo 7 establece que “el Gobierno nacional a través de la autoridad competente, diseñara medidas especiales de prevención y protección para garantizar condiciones de seguridad para las comunidades y territorios afectados por los cultivos de uso ilícito, mediante el fortalecimiento de la presencia institucional del Estado y de sus capacidades de protección.”

Desde la coalición APC consideramos que es urgente reconocer, como lo han hecho los organismos internacionales, a los líderes y lideresas que impulsan procesos de sustitución de cultivos, como un grupo de especial protección que requiere medidas de seguridad por parte del Estado. Estas medidas de protección incluyen el pleno cumplimiento de los compromisos pactados bajo el PNIS, la participación efectiva de las comunidades afectadas y un análisis de las condiciones de seguridad donde se han implementado planes de sustitución de cultivos.

Atentamente

COALICIÓN ACCIONES PARA EL CAMBIO

Contacto: Paula Aguirre Ospina

Tel. 3115410078

Mail: paulaaguirre@elementa.co

[1] Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia durante el año 2018. Disponible en: https://www.hchr.org.co/index.php/informes-y-documentos/informes-anuales/9017-informe-del-alto-comisionado-de-las-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos-sobre-la-situacion-de-derechos-humanos-en-colombia-durante-el-ano-2018

[2] CIDH. Informe sobre personas defensoras de derechos humanos y líderes en Colombia. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/DefensoresColombia.pdf

[3] Acciones para el Cambio. “La experiencia de Colombia en materia de política de drogas en la última década”. Disponible en: https://www.elementa.co/colombia-no-podemos-repetir-los-errores-de-la-politica-de-drogas/

[4] Comisión Política Nacional de la COCCAM. Comunicado a la opinión publica en rechazo a la entrevista publicada en el periódico El Espectador el viernes 24 de enero de 2020.

[5] Uprimny, Rodrigo. Barbosa no debe ser fiscal. Disponible en: https://www.dejusticia.org/barbosa-no-debe-ser-fiscal/