Enviamos un insumo ante la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre contraterrorismo y derechos humanos, en el marco de su informe temático sobre legislación antiterrorista y crimen organizado. El documento analiza cómo la designación de cárteles y grupos de narcotráfico como organizaciones terroristas —particularmente la política de «foreign terrorist organizations» (FTO) de Estados Unidos— genera una confusión de marcos jurídicos que habilita poderes de excepción desproporcionados, erosiona el espacio cívico y criminaliza por asociación a quienes defienden derechos humanos en territorios controlados por el crimen organizado. Con evidencia de Colombia y México —incluyendo el caso del defensor Raymundo Ramos Vázquez— y casi cuatro décadas de políticas de militarización, el insumo documenta los costos humanos, institucionales y ambientales del enfoque represivo, y presenta alternativas con evidencia empírica, como la reducción de daños y las medidas de no encarcelamiento.