La política de prohibición de las drogas ha marcado profundamente la historia de Colombia, consolidándose como una fuente de perjuicios graves en contra de distintas poblaciones en situación de vulnerabilidad.

El contexto actual presenta oportunidades de avanzar hacia una política de drogas con enfoque de derechos y justicia social que le apueste a un cambio de estrategias, consolidando una aproximación que permita diagnosticar los daños causados por la política prohibicionista e identificar a las poblaciones directamente afectadas por su implementación para poder repararlas, como lo recomendó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV).

Por lo anterior, desde Elementa y Dejusticia celebramos la oportunidad de presentar insumos a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y consideramos que es fundamental que se prioricen cinco temas de importancia para la garantía de derechos: i) las estrategias de erradicación de cultivos de uso ilícito y sus impactos; ii) situación de encarcelamiento y avances en reforma a la política criminal; iii) las recomendaciones de la CEV sobre la política de drogas; iv) la estigmatización de los usos tradicionales de la hoja de coca; v) la necesidad de vincular la política de drogas y procesos de verdad, justicia y reparación en Colombia. Finalmente, ofrecemos un conjunto de recomendaciones para el tránsito
a una política más humana.