Al menos desde la década de los setentas, el funcionamiento de los distintos eslabones del mercado ilícito de drogas se ha asegurado a través del control territorial, lo cual ha implicado una disputa violenta por el monopolio legítimo del uso de la fuerza del Estado. Esto ha significado asesinatos selectivos y colectivos, desplazamientos, masacres, amenazas, violencias sexuales y, en general, todo un repertorio demencial de formas de victimización que ha terminado de avivar la llama de las -ya complejas- dinámicas de construcción de Estado y democratización en Colombia. A estas violaciones a los derechos humanos se suman los agravios sistémicos que han sufrido regiones productoras de cultivos declarados ilícitos, así como la estigmatización (letal y no letal) fruto de la narrativa prohibicionista.

Lo anterior nos lleva a concluir con un balance negativo de la política de prohibición de las drogas, en tanto, como consecuencia directa o indirecta de su mandato global, se han desencadenado graves violaciones a los derechos humanos.

Bajo esta lógica, desde Elementa impulsamos procesos de investigación, incidencia y comunicación estratégica para vincular la política de drogas con los principios de verdad, justicia y reparación. Nuestro objetivo institucional se centra en utilizar estos principios, propios de los estudios sobre justicia transicional, en los debates actuales en torno a los efectos y las consecuencias que ha generado la política de prohibición en Colombia.

Con ello en mente, esta investigación, aún en proceso, busca indagar por los obstáculos y las oportunidades que la extradición y los procesos judiciales en Estados Unidos por delitos de drogas significa en materia de verdad y justicia para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos.