El pasado 15 de agosto Elementa, el CESED de la Universidad de los Andes y la Fundación Ideas para la Paz convocamos a  expertos nacionales e internacionales y con representantes de entidades locales sobre la experiencia nacional en materia de reducción de riesgos y daños, y debatiendo sobre la pertinencia de introducir salas de consumo supervisado como herramienta para el tratamiento y atención integral de las personas consumidoras de drogas.

El evento se dividió en tres paneles, cada uno enfocado en una temática importante para lograr una discusión articulada y multidisciplinaria de una de las alternativas formuladas como opción al tratamiento de consumidores de drogas: su análisis desde la perspectiva de la salud pública, su relación con el tratamiento de grupos vulnerables y, finalmente, la viabilidad y pertinencia de su implementación en un país con las características del contexto colombiano.

El primer panel, contó con la presencia de Tony Duffin, del Ana Liffey Center en Irlanda, quien compartió la experiencia de la organización en el establecimiento de las salas de uso supervisado en su país, recordando que las mismas “son una intersección entre la salud pública y el orden público” e hizo énfasis en la necesidad de establecer relaciones de confianza con las personas consumidoras, de forma que a través del acompañamiento adecuado se abra una oportunidad para el cambio y se disminuya la cantidad de riesgos derivados del uso de drogas. En su experiencia, es claro que el factor fundamental de esta alternativa debe ser la construcción de puentes y lazos de confianza entre la comunidad, el consumidor y el prestador del servicio, lo que finalmente dará paso a que más personas consumidoras accedan al tratamiento.

Por su parte, otra de nuestras invitadas, Inés Elvira Mejía –experta en reducción del riesgo -, dejó claro que los servicios de atención existentes, aún cuando en su formulación buscan el mejor bienestar de sus usuarios, no son adecuados para atender efectivamente a todas las personas con consumo problemático o dependencia a sustancias psicoactivas y, al contrario, dan paso al surgimiento de vacíos en la atención. Inés Elvira resaltó que es evidente la necesidad de adoptar alternativas que no solo partan del ideal de la rehabilitación completa de todas las personas, sino que contemplen la posibilidad de facilitar el acceso de consumidores activos a servicios que aseguren el mejor cumplimiento de sus  derechos. Las Salas de Consumo Supervisado no solo facilitan el establecimiento de una malla de protección para las personas consumidoras al permitir la identificación de las condiciones de consumo (que, como y donde) sino, más importante aún, constituyen un puente de acceso a servicios por parte de usuarios con consumo problemático que, en algunos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad o no han podido acceder a ningún otro tipo de tratamiento.

Para cerrar el panel, tuvimos las intervenciones del Alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, y de Maritza Isaza – coordinadora de salud mental de la Secretaría de Salud Púbica de Cali, quienes desde su experiencia como autoridades locales identificaron políticas eminentemente restrictivas que demostraron la ausencia de un enfoque de derechos en su tratamiento y, a su vez, la importancia de proponer alternativas adecuadas a las necesidades del contexto de la comunidad en que se introducen.

El segundo panel, dedicado al tratamiento de sujetos vulnerables y su relación con las salas de consumo supervisado, dio oportunidad al Sargento Trevor Herrmann -del Departamento de Policía de Vancouver, en Canadá- de referirse a su experiencia en el establecimiento de salas de consumo supervisado, expresando la importancia de lo que denominó la “fuerza multiplicadora” -reconocer las diferencias y usar las mismas como ventaja en la construcción de lazos de confianza-. Desde el punto de vista de las autoridades de policía, indica Herrmann, fue fundamental partir del deber de la Policía de proteger a todos los individuos de la comunidad, reconociendo que la criminalización del consumidor realmente no auguraba éxito y esforzándose por establecer relaciones no solo con quienes participaban en la operación de las salas sino, especialmente, con los individuos consumidores que accedían a las mismas.

Posteriormente, las intervenciones de Julián Quintero –de la corporación ATS-, a Richard Romero –Subsecretario de la Secretaría de Integración Social de Bogotá- y a Jenny Fagua –del Ministerio de Justicia-, llevaron a una discusión de la que resultó evidente que, en su formulación, todos los componentes de esta alternativa deben estar interconectados y deben nutrirse efectivamente para responder de forma integrada a las necesidades de los sujetos vulnerables. Este trabajo conjunto debe apoyarse en canales de comunicación entre los distintos agentes participantes en la estrategia – policía, sociedad civil y consumidores-, de forma que no solo se reconozca la existencia de diferencias ideológicas sino que ellas se utilicen como ventajas en la construcción de lazos de confianza y se alcancen resultados representativos para el bienestar general de la comunidad.

Los panelistas coincidieron en que deben buscarse alternativas que respondan a las necesidades específicas de las personas consumidoras de drogas y de la comunidad en general, por cuanto resulta fundamental el involucramiento de todos los actores sociales en el diseño e implementación de las distintas estrategias, de forma que desde la discusión y construcción del concepto de ciudad se entiendan y atiendan las necesidades de todos sus habitantes. Por la misma vía, se confirmó  la importancia de que todos los sectores sociales –incluida la institucionalidad- asuman compromisos concretos en materia de tratamientos y servicios para consumidores de drogas. Ello entendiendo que, aún cuando se trata de un problema de salud pública, el mismo no se limita únicamente al sector salud; es difícil mejorar las condiciones de consumo cuando los consumidores viven en situaciones de precariedad altas o cuando es preponderante la inseguridad.

En el último panel, la discusión reunió al Representante a la Cámara Samuel Hoyos , el Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, y el Director del Fondo Nacional de Estupefacientes -Andrés López, quienes debatieron sobre los posibles efectos de la implementación de las Salas de Consumo Supervisado según su formulación en el proyecto de ley impulsado por el Representante a la Cámara, Samuel Hoyos. De la discusión, resultó clara la necesidad de despolitizar este tema, adoptando enseñanzas de otros países que han logrado avances en la materia y partiendo de la evidencia existente tanto a nivel nacional como internacional.

Se concluyó que, aún cuando el objetivo principal del proyecto es ofrecer una alternativa al consumidor de drogas que se encuentra en circunstancias difíciles, a su vez contribuiría en la solución de una serie de problemas derivadas de dicho consumo: el proyecto promete no solo asegurar el acceso de los individuos con consumo problemático a programas de reducción de riesgos y daños, sino también mejorar las condiciones de vida tanto del individuo como de la comunidad, principalmente desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. El suministro controlado de sustancias psicoactivas supondría un duro golpe para las bandas del microtráfico en la ciudad, en el sentido de que arrebata a los ganchos del narcotráfico un público sometido a la delincuencia por la dependencia a los estupefacientes, lo que, obligatoriamente afectaría positivamente los índices de criminalidad locales.

Así mismo, se entendió que el proyecto actúa como la respuesta esperada por autoridades nacionales y locales para la puesta en marcha de otras estrategias que no pueden funcionar correctamente a la luz de las herramientas legales existentes, como sucede con la Ley 30. El proyecto pretende plantear una política pública integral que de herramientas para que las autoridades estatales acojan estrategias que funcionen como puerta de entrada para personas que necesitan políticas de tratamiento y de reducción de daños. Sin duda, con la instalación de las Salas de Consumo Supervisado, Colombia estaría dando un paso adelante en temas de seguridad, y aun cuando es difícil determinar con certeza la relación entre la delincuencia y el uso de las drogas sin caer en estereotipos o estigmas, este tipo de soluciones se dirige más hacia la reducción de daños a través de una solución humana al consumo problemático de sustancias en la población vulnerable.