Argentina cuenta con una política de drogas prohibicionista, la cual no solo era respaldada por el Poder Legislativo, sino también por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), la cual en innumerables veces validó la legitimidad y constitucionalidad de la penalización de la posesión de drogas para el consumo personal. Ambos entes mantenían la “Teoría del eslabón” la cual considera a las personas usuarias de drogas como un eslabón impredecible de la cadena del tráfico, por ello su criminalización y estigma como delincuentes, y después como enfermas.

A partir de estas ideas se promulgaron leyes que castigaban al consumo con prisión o tratamientos forzosos. 

Ley 23.737, que regula la tenencia y tráfico de estupefacientes, y que actualmente sigue vigente. El fallo Arriola tuvo origen por la impugnación del artículo 14, segundo párrafo, de dicha ley. De este fallo destacamos: