Los próximos 14 y 15 de marzo, el Alto Segmento Ministerial de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (CND) discutirá en Viena, la posibilidad de renovar la estrategia que la comunidad internacional acordó en 2009 para dar respuesta al problema mundial de las drogas. Esta estrategia se planteaba objetivos irrealistas, y a través de ella se promovieron mecanismos represivos para enfrentar el problema mundial de las drogas, sin respeto a los derechos humanos ni al desarrollo sostenible.

Para nutrir el debate internacional y nacional alrededor de los objetivos y enfoque que debería tener la política de drogas, el grupo de Acciones para el Cambio [1] elaboró el informe “La experiencia de Colombia en materia de política de drogas en la última década”.

Desde la experiencia colombiana el grupo revisó los datos disponibles en materia de consumo y atención en salud, acceso a medicamentos controlados, estrategias de reducción de cultivos de uso ilícito, encarcelamiento por delitos de drogas y costos económicos y humanos de la guerra contra las drogas.

El balance general muestra que, aunque la política de drogas ha significado un gasto de más de 20 billones de pesos para Colombia, los problemas de gobernabilidad y construcción de Estado, así como las respuestas adecuadas al consumo, siguen siendo una deuda pendiente. De acuerdo con proyecciones del DNP, en 2015 había más de 1.4 millones de usuarios de cocaína, marihuana, bazuco y éxtasis, sin embargo, la oferta de servicios en salud para la atención de consumos problemáticos es prácticamente inexistente en el 95% de los municipios del país, según un estudio del Ministerio de Salud. Además, una consecuencia de la política de control de medicamentos derivados de ciertas plantas prohibidas tiene impactos negativos en la provisión de morfina y otros medicamentos esenciales para el manejo del dolor.

La lucha contra el tráfico de estupefacientes no ha llevado a una desarticulación de las economías criminales. A pesar de que en las prisiones del país hay más de 24.954 personas recluidas por el delito de tráfico de estupefacientes, y que de estas 16.484 están condenadas por este mismo delito, el microtráfico y narcomenudeo siguen siendo sumamente rentables, moviendo más de 6 billones de pesos en el 2015.

De otro lado, la política de reducción de cultivos declarados ilícitos ha sido costosa y poco eficiente para dar una solución sostenible a los problemas de las familias relacionadas con el cultivo de coca. Se han asperjado entre 1994 y 2015 por vía aérea casi 1,9 millones de hectáreas con glifosato. Algunos cálculos indican que a noviembre de 2012 el Gobierno habría gastado la suma de 104.331.276,056 dólares en glifosato y 458.331.276,056 dólares en operativos antinarcóticos, considerando el costo de glifosato, equipos básicos y aviones o helicópteros.

La política de erradicación con glifosato implicó daños a la salud para mujeres gestantes. De acuerdo con los cálculos disponibles, las acciones de fumigación implican un aumento de 2,9% en la tasa de abortos espontáneos en un radio de 1 kilómetro, y en el caso de los municipios que tienen más altos niveles de fumigación aérea, la tasa de abortos sube a 8,7%. Estos daños que son causados en población que vive en situación de pobreza monetaria. De hecho, el 57% de las familias que habitan en zonas de cultivos de coca tienen un ingreso promedio mensual neto por hectárea de $410.541, es decir, el 56% de un salario mínimo.

Todas estas cifras abren el interrogante sobre la efectividad de las metas de una estrategia antinarcóticos orientada a la construcción de un mundo libre de drogas. Tal como lo dice el informe “Balance de una década de políticas de drogas” (http://fileserver.idpc.net/library/Executive_Summary_ES.pdf ), publicado por el IDPC, las metas de reducción de la oferta o el consumo de las estrategias direccionadas por las Naciones Unidas, no sólo no se han alcanzado, sino que han producido efectos contraproducentes para la vigencia de los derechos humanos, la salud pública y la democracia e institucionalidad.

A partir de todas estas reflexiones invitamos al Gobierno Nacional a continuar el diálogo con la sociedad civil para establecer puntos de acuerdo sobre la política de drogas y construir un consenso sobre la necesidad de elaborar evidencia cada vez más sólida para decidir alrededor de las estrategias globales y nacionales que aborden el problema mundial de las drogas.

Es momento de sostener un diálogo franco con el Gobierno nacional, para que las posiciones políticas que se defiendan en Viena valoren esta evidencia. Colombia está en la capacidad moral, ética y política de mostrar su experiencia para pedir ajustes. Valoramos las diferentes posiciones que pueda tener el Gobierno alrededor de la producción, tráfico y consumo de estupefacientes, pero le invitamos a escuchar lo que por largo tiempo han sostenido la academia y la sociedad civil: la guerra contra las drogas fracasó porque se volvió una guerra contra poblaciones vulnerables.

[1] Acciones para el Cambio está conformado por varias organizaciones de la sociedad civil que buscan una política de drogas más justa: Elementa, Fescol, Dejusticia, OCCDI Global, CPAT, Sisma Mujer, TNI, ATS, Corporación Humanas y Temblores ONG.