Las organizaciones de la sociedad civil,  instamos a la opinión pública, por respeto a las víctimas y familiares de las masacres y a la garantía de los derechos de la población cultivadora, a evitar la reproducción sin análisis y la amplificación de un mensaje que, además de no estar basando en la evidencia, contradice las órdenes emitidas por distintas instancias del Poder Judicial sobre la consulta efectiva de las comunidades, como requisito previo para reanudar cualquier escenario de fumigación.

A la opinión pública,

Frente a las declaraciones emitidas por el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo el pasado 24 de agosto donde asegura que “suspender la aspersión área de cultivos declarados ilícitos, fue un gravísimo error y con seis masacres es necesario ver la aspersión como un asunto de seguridad nacional” y ante las declaraciones que aseguran que el gobierno nacional se encuentra avanzando en la logística para reanudar dicha política en diferentes zonas del país, las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, instamos a los medios de comunicación, por respeto a las víctimas y familiares de las masacres y a la garantía de los derechos de la población cultivadora, a evitar la reproducción sin análisis y la amplificación de un mensaje que, además de no estar basando en la evidencia, contradice las órdenes emitidas por distintas instancias del Poder Judicial sobre la consulta efectiva de las comunidades, como requisito previo para reanudar cualquier escenario de fumigación.

En este sentido, es relevante recordar a la opinión pública que en la sentencia T-236 del 2017, la Corte Constitucional estableció la necesidad de contar con mecanismos de amplia participación y consulta con las comunidades directamente afectadas por las fumigaciones aéreas con glifosato, incluyendo consulta previa en territorios étnicos. En el auto 387 de 2019, de seguimiento a dicha sentencia, la Corte señaló que el gobierno no había avanzado en el proceso reglamentario requerido para la reanudación de dicha actividad.

Ante el inicio del trámite de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) el 30 de diciembre de 2019, para modificar el Plan de Manejo Ambiental que permitiría reanudar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con Glifosato (PECIG), diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron una solicitud de audiencia pública, a fin de garantizar efectivamente el derecho de participación.[1]

Días después, con la llegada de la pandemia por COVID19 a Colombia, la ANLA convocó a una audiencia pública ambiental virtual para avanzar con el proceso administrativo para la modificación del Plan de Manejo Ambiental que busca retomar las aspersiones aéreas con glifosato en los territorios de 104 municipios distribuidos en 14 departamentos el país. Ante dicho escenario, las organizaciones solicitantes enviaron un recurso para suspender la audiencia hasta que hubiese condiciones para realizarla de forma presencial. Al tiempo, asociaciones campesinas y organizaciones de derechos humanos, interpusieron tutelas en Pasto y Bogotá exigiendo que se suspenda la audiencia virtual por no haber condiciones de participación para las personas afectadas.

Un juez del Juzgado Primero de Familia de Pasto ordenó suspender la audiencia y emitió un auto con medidas cautelares que permitieran garantizar la participación de la ciudadanía. El caso pasó al Juzgado Segundo Administrativo de la misma ciudad, que en definitiva suspendió las audiencias para retomar las fumigaciones hasta tanto se garantizara el derecho a la participación.

Sin embargo, la ANLA, desconoció el fallo y levantó, mediante un auto, la suspensión de la audiencia pública ambiental, considerando que la Policía Nacional había presentado un protocolo de participación que garantizaba derechos de los potenciales afectados por el PECIG.

Ante esta situación, organizaciones de derechos humanos presentaron incidente de desacato ante Juzgado Segundo Administrativo de Pasto por incumplimiento de su sentencia de parte de la ANLA, el cual fue apoyado por las organizaciones solicitantes de la audiencia. Con dicho trámite, el día de ayer, la ANLA anunció la suspensión de la audiencia.

Lo anterior evidencia que el gobierno desconoce los fallos del poder judicial y utiliza narrativas engañosas derivadas de lamentables hechos de violencia que atienden a distintos factores y no tienen una relación de causalidad directa con los cultivos de hoja de coca. Afirmaciones como las del Ministro, que los medios de comunicación replican sin contrastar y señalan que el país está ante una reanudación inminente de la aspersión aérea, son erróneas. El trámite de licenciamiento ambiental que mencionamos está en curso, y faltan aún más procesos para cumplir las órdenes de la Corte, incluyendo un proceso de evaluación de riesgo en salud, y donde corresponda, consulta previa.

Frente a dicho escenario, instamos a los medios de comunicación a dar cuenta de la totalidad de elementos o hechos que intervienen en el debate y evitar la reproducción de narrativas que impiden, por un lado, un análisis de contexto serio sobre la situación de seguridad del país y por el otro, el cumplimiento de medidas orientadas a garantizar el derecho de las comunidades que han sido afectadas por la fumigación con glifosato y que hoy exigen su derecho a una consulta efectiva frente a medidas que vulneran sus derechos y sus proyectos de vida.

Invitamos a los medios consulten a las organizaciones que hacen parte de la coalición para ampliar las voces en el debate.

ATENTAMENTE,

Coalición Acciones Para el Cambio

Elementa DDHH

Dejusticia

Acción Técnica Social

Corporación Viso Mutop

Deliberar

Temblores ONG

Observatorio de cultivos y cultivadores declarados ilícitos Occdi Global

Catalyst: Repensando las Américas

Movimiento Juventud por el Guaviare

Centro de Derechos Reproductivos

Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas (ANZORC)

Centro de Pensamiento y Acción para la Transición CPAT

[1] La solicitud fue realizada por Dejusticia junto con Elementa DDHH, ATS y Visomutop.