En marzo del 2011,  “Los Zetas”, un cártel del narcotráfico, desaparecieron y asesinaron alrededor de 300 personas en el municipio de Allende, Coahuila. Las cifras son aún desconocidas e imprecisas, parte de ello a la falta de debida diligencia de las autoridades encargadas de las investigaciones.

A pesar de las múltiples denuncias de víctimas y familiares, de la sociedad, y los “esfuerzos” que ha emprendido el estado a través de diversas autoridades, la justicia no se ha garantizado, y mucho menos se ha esclarecido lo que realmente sucedió. No se sabe el número exacto de desaparecidos y asesinados, no se ha esclarecido la cadena de complicidades ni la participación de agentes del estado, por lo que el Derecho a la Verdad sigue sin ser una realidad y se ha rezagado en el olvido y la impunidad. La complicidad y sometimiento de las fuerzas del estado, permitieron que este hecho pudiera llevarse a cabo con total impunidad y libre acción.

A los hermanos Treviño Morales, quienes fueron líderes del cártel y autores intelectuales de la masacre, se les atribuyen un gran número de crímenes como asesinatos, tortura, desaparición, entre otras graves violaciones a derechos humanos.

Las autoridades de los Estados Unidos han solicitado su extradición, pero únicamente por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero. La deuda con la justicia por sus crímenes contra derechos humanos, sigue pendiente, a pesar de las investigaciones llevadas a cabo. Otros miembros del cártel de los Zetas han enfrentado la extradición, sin embargo, de igual forma, sus responsabilidades por violaciones a derechos humanos permanecen en la impunidad en México.

Edgar Veytia fue fiscal del estado de Nayarit de febrero del 2013 a marzo del 2017. En su gestión, imperó a través de la violencia y la captura de las instituciones del estado, para así operar con total libertad e impunidad. Controlaba las policías, la fiscalía, el sistema de gobernanza y controlaba al crimen organizado. Entre las acciones que llevó a cabo se encuentran, despojo, asesinatos, tortura, desapariciones, corrupción, tráfico de droga, entre otros delitos.

En marzo del 2017, Veytia fue detenido por funcionarios del FBI en la frontera de Tijuana y San Diego por acusaciones por narcotráfico. El exfiscal enfrentaba una pena de cadena perpetua, pero gracias a su colaboración con el departamento de justicia estadounidense fue sentenciado a 20 años de prisión por un juzgado en Nueva York. Parte de su colaboración se puede ver en las acusaciones que hizo contra el general Cienfuegos y contra el ex presidente Calderón de haber estado involucrados con cárteles del narcotráfico.

Más allá de verlo como una oportunidad para el acceso a la justicia, es más un obstáculo para la misma, pues la cooperación fue únicamente por cuestiones de interés para el gobierno de los Estados unidos, más no por información que se relacionaba con los crímenes cometidos en territorio mexicano y que pudiera ayudar al esclarecimiento de diversas violaciones graves, como el destino de los miles de desaparecidos que tiene el estado de Nayarit o la complicidad de otros servidores o integrantes del crimen organizado.